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Restructuración de deuda soberana y brecha generacional


Hay algunas lecciones generales que ha ido recogiendo la literatura sobre restructuraciones y bancarrota en los últimos cuarenta años. La primera de ellas, es que la deuda concentrada en pocos acreedores especializados en restructuración financiera, como son los bancos o empresas de seguro, se refinancia más rápidamente y se destruyen menos valor corporativo.


La segunda, es que los arreglos privados son preferibles a los que se logran en las cortes. Tienden a ser más rápidos y menos costosos que los obtenidos usando el régimen de bancarrota


La tercera es que quienes tienen muchos acreedores con poca participación individual en el monto total de las acreencias, tiene más chance de diferir la bancarrota, pero una vez llegado a ese punto las soluciones tienden a ser largas y costosas.


Por supuesto, con el paso de los años se han acumulado muchas más evidencias sobre el comportamiento de los actores en situaciones de tensión financiera llegándose a elaboraciones muy sofisticadas como las del profesor Mitu Gulaty (Duke University) sobre la deuda venezolana.


El señor Gulati sostiene que en el proceso de restructuración de la deuda soberana venezolana hay “brechas generacionales.” En este momento hay dos grupos de tenedores de bonos, clasificados por el tipo de estrategia de recuperación que siguen. Primero, Los veteranos, grandes de fondos de deuda, representados por importantes bufetes neoyorquinos, y que de momento no han emprendido formalmente acciones legales. Segundo, los debutantes, en su mayoría fondos de cobertura, que están tratando, vía acciones legales, tomar control de activos de la república o PDVSA.

La deuda pública en Venezuela es el conjunto de deudas que mantiene el Estado venezolano frente a los particulares que pueden ser venezolanos o de otro país. Los principales títulos de deuda pública existentes actualmente son las Letras del Tesoro, los Bonos del Estado y los bonos de PDVSA, atendiendo principalmente a su plazo de amortización. La deuda pública ascendió en 2018 al 161% del Producto Interior Bruto.

Para complicar las cosas aún más, están los grandes proveedores comerciales de la industria petrolera, que no pertenecen a ninguna de las generaciones mencionadas. No son tenedores de títulos financieros, sino de contratos comerciales conocidos con el nombre de IOU (I owe You), donde la empresa emisora, en este caso PDVSA emite una especie de vale reconociendo una deuda comercial en particular.

Es evidente, como las acciones legales de los tenedores de deuda financiera se cruzan con las de proveedores de la industria y con las de ganadores de arbitrajes contra la república y la misma PDVSA.


En bancarrotas privadas que se resuelven en las cortes, existe protección legal para la compañía en problemas, que evita que una avalancha de demandas cierre toda posibilidad de lograr una restructuración, permitiendo que los activos de la compañía se mantengan unidos; apalancándose en ellos y obteniendo dinero fresco se pueda poner en funcionamiento nuevamente a la empresa con problemas.


Hay una palabra mágica que acompañará este proceso de restructuración de la deuda venezolana y es homogenización. Partimos de un grupo variado de acreedores que dirimen sus problemas en distintas jurisdicciones. Tenemos un estado y una empresa que son álter egos, por lo que los activos para responder son en el fondo los mismos. La solución definitiva pasará por asignar a una sola corte la competencia global en todas las demandas Dicha corte, definirá la prioridad relativa de los distintos acreedores sobre los flujos de caja de los activos del país y la industria.

Desde 1999 hasta 2006, la deuda externa venezolana en bonos se mantuvo alrededor de los 20.000 millones de dólares. El gobierno de Hugo Chávez incrementó los compromisos del Estado y PDVSA a partir de 2007 y escaló a más de 70.000 millones de dólares para 2014.

Si el país y PDVSA no alcanzan con los acreedores un acuerdo cumplible, que permita a ambos funcionar, cancelar pasivos y acceder a nuevos financiamiento, tendríamos arreglos de corta duración y continuas renegociaciones, que no conducen a ningún lado.

El tema es que esta homogenización no se construye con los arreglos jurídicos actuales. Las grandes economías y el FMI tienen que generar una solución legal a la medida. El refinanciamiento de la deuda pública de Puerto Rico es un ejemplo de que casos especiales requieren tratamientos únicos.


Lo único que podemos decir a los grupos de interés es que sí no hay consenso entre acreedores la solución solo se retrasa. Lamentablemente, los consensos no nacen espontáneamente, se construyen.

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