Para nadie es un secreto que la gran banca estadounidense le declaró la guerra a muerte a la Dodd-Frank Act aún antes de ser promulgada en el año 2010. Desde un punto estrictamente empresarial, obviando cualquier otro tipo de consideración, las demandas de dicha ley son perjudiciales para la banca ya que aumenta el capital requerido para operar, los costos de implantar los controles regulatorios limita la posibilidad de financiar las carteras de inversión propiedad de los bancos con recursos del público.

