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California: el laboratorio de las agendas en conflicto



El 3 de noviembre de 2020 no solo se eligieron el presidente de EE.UU. y muchos miembros de las cámaras de representantes. También se consultó a los electores sobre la pertinencia de propuestas que incidirán profundamente en sus vidas. Las proposiciones 15, 22 y 24 sometidas a la consideración de los electores de California, son un muestrario de los temas en que los estadounidenses tendrán que alcanzar un consenso en la próxima década.

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Al momento de escribir esta columna faltaban menos de 24 horas para producirse las elecciones presidenciales en EE.UU., en las cuales además del primer mandatario nacional se escogerían todos los diputados del país, 33 senadores y en algunos estados se realizarán consultas sobre temas de interés regional. Entre estas propuestas de interés estatal destacan tres, en el estado de California, vinculadas al mundo de los negocios que resumiremos en los siguientes párrafos.


Proposición #15 o del impuesto a las grandes propiedades industriales y comerciales: Quienes la promocionan proponen que la base impositiva para el cálculo de los impuestos sobre las propiedades sea el valor de mercado de tales bienes en lugar de su precio de adquisición, lo que debería aumentar los ingresos del estado de California en 12,5 millardos de dólares y ayudar a recuperar ingresos perdidos debido al COVID-19. Se estima que solamente el 10 por ciento de los contribuyentes pagarán el 92 por ciento de este nuevo impuesto, lo que sugiere que es una carga aplicable sobre entes de gran capacidad económica.


Se oponen a esta medida la Cámara de Comercio de California, grupos empresariales y asociaciones de contribuyentes estatales, que alegan que los contratos de arrendamiento en dicho estado obligan al arrendatario a pagar los impuestos a la propiedad, los seguros y los gastos de mantenimiento de los inmuebles. Los nuevos impuestos deberían reflejarse en los precios de bienes y servicios a ser cancelados por los consumidores finales, además de afectar la capacidad de contratación de pequeñas y medianas empresas dirigidas por miembros de grupos particularmente golpeados por la pandemia.


Las encuestas de opinión sugieren que esta proposición cuenta con un apoyo del 60 por ciento del electorado.


Proposición #22 o de los repartidores como empleados por cuenta propia: cuesta pensar en una proposición más polémica que ésta, que ataca directamente al corazón de muchos modelos de negocios tan populares en los últimos años.


El futuro de la llamada economía de los autónomos (gig economy) depende de cuánto se estandarice a nivel mundial la adopción de esta idea. Una de las promesas principales de la Administración Biden, es tratar de mejorar económicamente a la clase media, a partir del fortalecimiento de los sindicatos y las contrataciones colectivas, por lo que California puede volverse un importante campo de batalla de lo que serán las relaciones entre corporaciones, empleados y pseudo independientes en la próxima década.


Se estima que un 52 por ciento de los electores apoyarían esta moción.


Proposición #24 o expandir el alcance de las leyes de la privacidad y la creación de una agencia de protección de datos: si bien en el párrafo anterior hablábamos de temas muy espinosos, este tampoco se queda atrás. Aun cuando las grandes empresas tecnológicas, que son las principales afectadas por esta regulación, han evitado mostrarse combativas para sorpresa de muchos, las principales críticas a la proposición han surgido de grupos de protección a los consumidores, que afirman que la ley es muy complaciente con las instituciones que pretende controlar.


La proposición #24 tiene grandes vacíos en la recolección de información al no especificar qué tipo de datos pueden ser recopilados y en qué medida pueden ser utilizados. Los datos por definición deberían estar protegidos, y solo con autorización explícita de sus dueños podrían ser utilizados. En la actualidad los consumidores californianos tienen que ocuparse directamente de bloquear el uso de sus datos, cuando debería ser al contrario.


Sin embargo, la ley impide el uso compartido de datos, que va más allá de prohibir la venta de los mismos, ambigüedad explotada por algunas empresas de tecnología.


La propuesta cuenta con el apoyo de un 54 por ciento de los electores que han participado en encuestas de intención de voto.


Las propuestas recién descritas son propias de una economía regional compleja como la californiana. Sí este estado fuese un país independiente, sería la quinta economía del mundo. Por lo que este proceso electoral, nos da la oportunidad de calibrar las tensiones que se están gestando en las economías desarrolladas, y también las propuestas de los partidos políticos a tales situaciones.


Si el partido demócrata profundiza una agenda orientada a mejorar las condiciones de vida del electorado de clase media, se verá forzado a restringir los intereses de las grandes corporaciones que se domicilian en este estado, encareciendo la presencia de éstas en la zona a través de mayores impuestos, y la limitación del desarrollo de sus modelos de negocios.


Las nuevas camadas de políticos profesionales de ambos partidos tienen frente a sí un abanico de desafíos para alimentar sus agendas electorales. En particular de los republicanos, que tienen la oportunidad de conectarse con nuevos temas que van más allá de la agenda del presidente Trump cargada de mucha nostalgia y de la promesa de hacer grande a América de nuevo, una América con la que no se conectan los principales grupos minoritarios que son los que definirán la América que será.

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