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De Nueva York para el mundo: un ataque a los fondos buitres

Arca Análisis Económico

Un porcentaje muy importante de los bonos soberanos y corporativos emitidos mundialmente tienen al estado de Nueva York como domicilio para dirimir problemas entre emisores y tenedores de títulos valores, entre los cuales merecen especial atención los eventos de insolvencia y posteriores reestructuraciones.


Hasta la fecha, el marco legal vigente permite a grupos minoritarios de acreedores la posibilidad de rechazar acuerdos alcanzados por el resto de los involucrados con el objeto de obtener un mejor trato que otros prestamistas. A tales acreedores se les conoce como resistentes (holdout) o fondos buitres.


Una ley próxima a aprobarse en el estado de Nueva York obligaría a todos los acreedores, incluidos los fondos buitres, a otorgar las mismas condiciones de refinanciamiento que las ofrecen los gobiernos prestamistas cuando los países en desarrollo reestructuran las deudas soberanas. Esta ley apunta, como es de esperarse, a agilizar las reestructuraciones de deuda soberana.

 

Un porcentaje muy importante de los bonos soberanos y corporativos emitidos mundialmente tienen al estado de Nueva York como domicilio para dirimir problemas entre emisores y tenedores de títulos valores, entre los cuales merecen especial atención los eventos de insolvencia y posteriores reestructuraciones.


Hasta la fecha, el marco legal vigente permite a grupos minoritarios de acreedores la posibilidad de rechazar acuerdos alcanzados por el resto de los involucrados con el objeto de obtener un mejor trato que otros prestamistas. A tales acreedores se les conoce como resistentes (holdout) o fondos buitres.


La historia de los múltiples refinanciamientos soberanos señala que esta prerrogativa de los minoritarios no sólo retrasa los procesos de renegociación sino que también causa grandes perjuicios a los países en problemas, ya que mientras la situación de insolvencia soberana se mantiene la dinámica económica de los países afectados se ve seriamente ralentizada, en especial por el cierre del acceso a los mercados financieros internacionales.


Una ley próxima a aprobarse en el estado de Nueva York obligaría a todos los acreedores, incluidos los fondos buitres, a otorgar las mismas condiciones de refinanciamiento que las ofrecen los gobiernos prestamistas cuando los países en desarrollo reestructuran las deudas soberanas. Esta ley apunta, como es de esperarse, a agilizar las reestructuraciones de deuda soberana.


Un ejemplo del poder de los fondos buitres en las reestructuraciones lo encontramos en el refinanciamiento de la deuda soberana de Argentina en el 2001. Mientras los representantes del 90 por ciento del valor facial de los ochenta mil millones de dólares sujetos a refinanciamiento aceptaron recibir 30 centavos de dólar por cada dólar de acreencias, en los siguientes 4 años a la declaración de insolvencia, los fondos buitres no llegaron a un acuerdo hasta el año 2016, y cobraron cantidades sustancialmente superiores la del resto de los acreedores.


Este y otros eventos similares popularizaron el uso de las cláusulas de acción colectiva, donde una vez que el 75 por ciento de los dueños del valor facial de la emisión de títulos de deuda llegan a un acuerdo con los deudores soberanos, el mismo se aplica sin discusión al 100 por ciento de los acreedores.


Algunos críticos de la pieza de legislación que se discute en el estado de Nueva York sostienen que el uso masivo de las cláusulas de acción colectiva desde el año 2014 hacen innecesaria su promulgación. De hecho, técnicos del Fondo Monetario Internacional afirman que sólo 4 por ciento de la deuda soberana en vigencia a principios del 2020 había sido emitida sin incluir tales cláusulas.


Otros oponentes al proyecto de ley dicen que su intento de obligar a los fondos buitres a aceptar las condiciones de refinanciamiento negociadas por los grandes acreedores generará una fuerte reacción negativa por parte de estos últimos que intentarán tomar acciones legales para impedir su aplicación.


El temor a litigios entre fondos buitres y los gobiernos soberanos en los años siguientes a la promulgación de la ley, podría inhibir a los grandes inversionistas institucionales, como son los fondos de pensiones, las empresas de seguros y los fondos soberanos, a comprar los títulos de deuda de los países emergentes, para evitar verse inmiscuidos en largas disputas si sucede un evento de insolvencia soberana, lo que encarecería las operaciones de financiamiento por reducción de la demanda de títulos soberanos.


Reactivar las discusiones sobre cómo hacer más ágiles las resoluciones de la bancarrota soberana tiene mucho mérito, pero el foco de la discusión debería colocarse no tanto en los fondos buitres sino en los programas de préstamos bilaterales entre países como China y las naciones emergentes, donde el gigante asiático impone cláusulas de confidencialidad y el otorgamiento de garantías especiales que complican las reestructuraciones cuando otros acreedores multilaterales o soberanos se ven obligados a participar en las reestructuraciones de deuda para recuperar sus acreencias y promover el regreso de los países en problemas a los mercados financieros internacionales.

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