• Arca Análisis Económico

El costo político de la recompra de acciones


La ley de presupuesto estadounidense del año 2022 trae limitaciones a los programas corporativas de recompra de acciones. El viejo debate sobre la conveniencia de dichos programas volverá a ganar la atención de legisladores, académicos, reguladores financieros y por supuesto de quienes hacen cabildeo en representación de los grandes grupos corporativos.

 

Cuando se dicta un curso introductorio de Finanzas Corporativa, se enseña a los estudiantes un conjunto de postulados generales que les sirve como base para analizar situaciones más complejas dentro de los mercados financieros. Entre ellos se cuentan varios que revisaremos en los próximos párrafos para poder entender todas las implicaciones vinculadas a restricciones sobre la recompra de acciones de compañías de oferta pública que aspira introducir la administración Biden en la nueva ley de presupuesto presentada al Congreso de los EE.UU. el pasado 28 de marzo de 2022.


Se dice que cuando las corporaciones no tienen la oportunidad de invertir el dinero que van generando en su quehacer cotidiano en proyectos que generen valor, los administradores de las mismas deben entonces entregar a los accionistas estos recursos a través del pago de dividendos o la recompra de acciones. De lo contrario, los gerentes corporativos tendrán la tentación de acometer inversiones que les benefician a ellos, más no a los accionistas.


Es muy común que cuando se anuncian planes de recompra de acciones los precios de estas suban, pues los mercados financieros interpretan tal anuncio como un signo de que estos títulos valores están subvaluados.


Por otro lado, se habla de la propensión de los gerentes corporativos de preferir las inversiones que maximizan el valor económico de la empresa a corto plazo, pues este horizonte temporal en muchos casos calza mejor con sus planes individuales, pese a que esta visión cortoplacista vaya en contra de los intereses de los accionistas, el resto de los empleados y el fisco.


El alinear los intereses divergentes que existen entre los ejecutivos que toman las decisiones en las corporaciones y el resto de los grupos de interés, es un tema que ocupa un puesto importante en las agendas de trabajo de los directorios corporativos, los entes regulatorios del mercado de valores , los sindicatos, los proveedores estratégicos, etc.

En general, dicha alineación de intereses se pretende lograr dando a los empleados con poder de decisión dentro de las empresas una mayor porción de sus remuneraciones en acciones. Sí estos son dueños, en teoría no deberían tomar decisiones que destruyen valor patrimonial.


Los críticos del mundo corporativo estadounidense, y de los países desarrollados en general, sostienen que los gerentes corporativos, en muchos casos usan mecanismos de ingeniería financiera, como puede ser la recompra de acciones, para montar estrategias de creación de valor a corto plazo, dejando de tomar iniciativas rentables, o minimizando la cantidad de recursos que deben quedarse dentro de las empresas para enfrentar emergencias e imponderables.


La sociedad estadounidense fue muy crítica durante la pandemia sobre la pertinencia de las ayudas que el Gobierno Federal otorgó a muchas empresas estadounidenses, alegando que las estrategias de creación de valor a corto plazo eran las culpables de que las compañías no tuviesen suficientes reservas para enfrentar la reducción drástica de actividades.


Todas estas percepciones contrarias al proceder corporativo estadounidense son reforzadas por el hecho de que en 2021 las compañías que forman parte del S&P 500 destinaron 882 miles de millones de dólares a los programas de recompra de acciones, y que según Goldman Sachs tal cifra podría llegar a 1 billón de dólares en 2022.

El nuevo presupuesto de los EE.UU. busca en su diseño captar recursos para pagar los préstamos que hubo que contratar para otorgar subsidios a empresas y personas durante la crisis de COVID-19.


Es evidente que desde un punto de vista político, sea muy popular obligar a pagar parte de la cuenta a quienes más tienen, que además fueron los más beneficiados gracias al alza de las acciones a partir de marzo de 2020. En esa misma línea de ideas resulta tentador corregir aquellas anomalías del mundo corporativo que permiten extraer recursos de las corporaciones vía recompra de acciones y pagos de dividendos.


La propuesta incluida en la ley presupuestaria de 2022 no sólo contempla cobrar un impuesto del 1 por ciento sobre el monto destinado a los programas recompra de acciones, sino también prohibir que los ejecutivos puedan vender sus acciones en los tres años siguientes a la ejecución de dichos programas. La idea detrás de esta restricción es evitar que las recompras sean motivadas por el interés de los ejecutivos corporativos de aprovecharse de las subidas de precios que los anuncios de recompra generan.


Los defensores de los programas de recompra de acciones harán su cabildeo en contra de la propuesta antes descrita pues alegaran que tal medida limita la posibilidad de hacer un uso más eficiente los recursos corporativos, en particular en aquellos casos donde lo más sensato sea devolver el dinero a los accionistas.


Otros actores corporativos evitaran promover los programas de recompra de acciones en las corporaciones que dirigen para evitar el costo de deterioro de imagen al ser asociados con estrategias que se supone solo tienen como función inflar los precios de títulos accionarios en el corto plazo para su propio beneficio.


Lamentablemente no es sencillo distinguir las situaciones donde las recompras son beneficiosas para la preservación del valor patrimonial a largo plazo de las que no lo son. Satanizar los programas de recompra de acciones es quitar a los gerentes corporativos una posibilidad de actuación que en muchas ocasiones está más que justificada.

4 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo