La Guerra cultural se agudiza en las corporaciones estadounidenses

Si algo ha caracterizado la vida política de los EE.UU. en la última década es la confrontación existente entre la extrema derecha y los grupos progresistas en varios campos entre los que se incluyen el cambio climático, la inclusión, la diversidad y la política migratoria.

El partido demócrata tiende a concretar su agenda usando los órganos reguladores como entes de control de la implantación y el cumplimiento de los tópicos mencionados en el párrafo anterior. Y un terreno natural para ventilar las posiciones encontradas entre progresistas y conservadores son las juntas directivas de las empresas que cotizan en bolsa.

Durante años se desarrolló un marco regulatorio para proteger los intereses de los accionistas minoritarios el cual fue ampliándose para que las empresas tomaran en consideración los objetivos de diversidad, gobernanza e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) al momento de diseñar y ejecutar sus planes de negocios.

Quienes han ejercido el control de las corporaciones ven  los objetivos DEI como fuentes de destrucción de valor al obligar a las empresas a dejar de invertir en sectores rentables pero polémicos como pueden ser el de los combustibles fósiles o la producción de armamento.

Las corporaciones han desarrollado estrategias que disminuyen el impacto de los objetivos DEI buscando espacios donde los voceros de dicha agenda tengan un ámbito de acción más limitado.

Para ello han escogido de cursos de acción muy concretos, el primero de ellos mudar las sedes de sus corporaciones a estados muchos más amigables con el sector empresarial que con los accionistas minoritarios.  El segundo limitando la posibilidad de los representantes de los accionistas minoritarios de ejercer su participación en la inclusión de puntos en las agendas de las asambleas generales de accionistas donde se discuten entre otros tema como se alinean o no los objetivos de las empresas con los del DEI.

En relación a la escogencia de estados para domiciliar las empresas, Texas y Nevada han intentado desplazar a Delaware quien históricamente ha sido el lugar elegido para fijar los domicilios fiscales de las corporaciones estadounidenses.  

En su búsqueda de ser la sede de un mayor número de corporaciones, Texas ofrece bajas tasas de impuestos corporativos y una legislación laboral amigable con el empleador. Esta oferta se da en un contexto en que el sector empresarial estadounidense ha mostrado rechazo a decisiones de la cortes de Delaware que incluyen aquella, muy polémica, en que fue anulado el paquete de remuneración de Elon Musk, de cincuenta y seis mil  millones de dólares, pese a haber sido aprobado por la junta directiva  de Tesla.

Dexit es el slang que invita a  mudar la sede fiscal de una corporación fuera de Delaware, y pese a que este fenómeno ha recibido mucha cobertura de prensa todavía el 67 por ciento de las empresas que forman parte del S&P 500 mantienen su dirección fiscal en dicho estado.

Además de los temas impositivos y laborales la cámara legislativa de Texas ha aprobado ha aprobado varios proyectos de ley que aumentan el poder de las juntas directivas por encima de los accionistas minoritarios y sus representantes. Se especula que estos cambios apuntan a sacar partido del Dexit.      

El nuevo cuerpo legislativo texano permite que sólo aquellos accionistas que posean más del tres por cientos de las acciones de una empresa constituida en Texas puedan demandarlas. Esto protege eficazmente a las empresas de las demandas de los accionistas, ya que muy pocos cumplen este requisito.

La legislación texana  permite que Las corporaciones constituidas, o con sede en Texas, puedan exigir a los accionistas que deseen llevar propuestas a las asambleas generales de accionistas poseer al menos un millón de dólares en acciones o no menos del tres por ciento del capital accionario de la empresa.  Esto ayuda a empresas como Exxon Mobil, con sede en Texas pero constituida en Nueva Jersey, a evitar propuestas de accionistas activistas sobre temas como el cambio climático.

En países como Inglaterra y EE.UU. existen los llamados Asesores de Representación (Proxy Advisor) que son empresas que proporcionan investigación, análisis y recomendaciones a inversores institucionales sobre cómo votar en las propuestas  presentadas  a las asambleas generales de  accionistas. Estas firmas actúan esencialmente como consultoras, ofreciendo experiencia en gobierno corporativo y ayudando a los inversores a tomar decisiones informadas sobre el voto por delegación.

En el caso de estos asesores la nueva legislación texana les obliga a revelar públicamente que incluyeron "factores no financieros" y "subordinaron el interés financiero de los accionistas" al momento de evaluar propuestas ambientales, sociales o de gobernanza al aconsejar a sus clientes que voten en contra de una empresa. Como un volumen importante de propuestas a las asambleas generales de accionistas cubren tales tópicos, los Asesores de representación se ven muy limitados en el ejercicio de sus funciones.

Los cambios a las regulaciones corporativas implantados en Texas forman parte de lo que los especialistas llaman  una carrera hacia la desregularización o “regulación a la baja”, que según algunos políticos es la respuesta a las interferencias innecesarias de las administraciones del Partido Demócrata.

Es esperables que los asesores de representación se opongan a esta tendencia, y de allí que Glass Lewis e Institutional Shareholder Services, que son las empresas líderes de este sector hayan demandado al Estado de Texas por vulnerar su derecho a la libertad de expresión. 

El peligro del movimiento desregulatorio es que haya una reducción significativa de las protecciones a los accionistas minoritarios.  El limitar las propuestas y demandas de los accionistas que son los mecanismos que utilizan los inversores para señalar los riesgos a las empresas hace que invertir en una empresa estadounidense sea menos atractivo.    

Si bien es verdad que hay corporaciones que no quisieran que los principios DEI formasen parte de sus consideraciones al momento de hacer negocios, también hay otro grupo de empresas que los consideran parte esencial de su visión estratégica, y que bajo ningún concepto, por aplicarlos,  quisieran verse  envueltas en la “guerra cultural” que enfrentan progresistas y conservadores en EE.UU.

Los mercados de capitales de oferta pública han sido construidos bajo la premisa de que hay un arreglo institucional diseñado para proteger al débil jurídico, en este caso los accionistas minoritarios, y esto es lo que le da la tranquilidad para colocar su dinero en las manos de los gerentes corporativos. Silenciar al accionista minoritario va en contra de la robustez de los mercados de capitales, y esto en el largo plazo no beneficia a nadie.écadas en entramarse, y puede deteriorarse muy rápidamente si no existe un mínimo de solidaridad entre industrias cuando las arbitrariedades presentes en el nuevo orden geopolítico les ponen a prueba.