La profesora Mariana Mazzucato, especialista en Economía de Innovación y Valor Público en University College London ha planteado recientemente la necesidad de revisar la estrategia industrial de los países debido a las crisis políticas, climáticas y de salud pública vividas en la presente década.
La profesora Mazzucato sostiene que las inversiones públicas dedicadas a la innovación serán exitosas si se enmarcan dentro de una nueva estrategia industrial que genere un nuevo tipo de crecimiento económico. Para ello, las empresas privadas que reciban fondos públicos deben comprometerse a promover un crecimiento sostenible e inclusivo para corregir los desbalances del modelo vigente.
Para la profesora Mazzucato es vital promover estados emprendedores para dar forma y crear mercados, en varias áreas temáticas, y en particular en los temas vinculados al cambio climático.
La profesora Mariana Mazzucato, especialista en Economía de Innovación y Valor Público en University College London ha planteado recientemente la necesidad de revisar la estrategia industrial de los países debido a las crisis políticas, climáticas y de salud pública vividas en la presente década.
La Unión Europea y los EE.UU. están invirtiendo en la actualidad cerca de 4 billones de dólares en actividades de transformación y recuperación de sus economías. En el caso particular de los estadunidenses tales inversiones se incluyen en la llamada “Estrategia Moderna industrial “promovida por la administración Biden, y que para muchos especialista tiene una escala y ambición solo comparable con el Proyecto Apolo que impulsó la carrera espacial en las década de los sesenta y setenta del siglo pasado.
La profesora Mazzucato sostiene que tales inversiones serán exitosas si se enmarcan dentro de una nueva estrategia industrial que genere un nuevo tipo de crecimiento económico. Para ello, las empresas privadas que reciban fondos públicos deben comprometerse a promover un crecimiento sostenible e inclusivo para corregir los desbalances del modelo vigente.
Para lograr esto, los gobiernos deben llegar a un nuevo acuerdo con el sector privado, elevando el nivel de lo que se puede esperar a cambio de la financiación pública. Esto requiere abordar estas asociaciones como una oportunidad para maximizar el valor público, para compartir las recompensas y los riesgos de invertir en innovación y crecimiento.
En aquellas situaciones en que la política pública requiere acceso universal y equitativo a bienes y servicios generados con financiamiento público, los precios de los mismos deben reflejar el subsidio implícito en el costo de capital requerido para producirlos.
Debe darse forma a los objetivos, detrás de la inversión e imponer estándares a las empresas. La descarbonización de las industrias existentes y la expansión de la innovación y el crecimiento cumpliendo con los estándares ambientales son prioridades que no deben quedar por fuera.
Para la profesora Mazzucato es vital promover estados emprendedores para dar forma y crear mercados, en varias áreas temáticas, y en particular en los temas vinculados al cambio climático. En los EE. UU., la energía limpia es un foco principal de las inversiones recientes, mientras que los fondos de recuperación de la UE están orientados hacia los objetivos climáticos y de inclusión digital.
Alcanzar estos objetivos requiere algo más que invertir en tecnologías o industrias ecológicas. Las condiciones asociadas con una transición verde justa deberían ser transversales a todas las inversiones en estrategias industriales: por ejemplo, requerir nueva capacidad de fabricación para minimizar las emisiones de carbono y crear empleos que cumplan con los estándares laborales.
La recepción de fondos públicos debe estar condicionada a compartir una proporción de regalías, capital o propiedad intelectual con el gobierno. Esto permitiría al estado adoptar un enfoque de cartera para las inversiones, sabiendo que algunas tendrán éxito y otras fracasarán. Si el gobierno de EE. UU. hubiese adquirido acciones de Tesla a cambio de su financiación inicial de 465 millones de dólares, estos ingresos podrían haberse reinvertido en otras empresas alineadas con los objetivos de transición ecológica.
Los gobiernos deben impulsar a las empresas a canalizar sus propias inversiones hacia actividades productivas. La Ley de Ciencia y Chips de la administración Biden, que busca impulsar la innovación y la fabricación de semiconductores en EE. UU., incluye disposiciones que prohíben que los fondos obtenidos por esta iniciativa se utilicen para la recompra de acciones.
Sin embargo, todavía no prohíbe que las empresas que reciben fondos de la ley de chips, puedan hacer recompras de acciones con sus propios recursos, una laguna regulatoria que ha llevado a muchos especialistas a solicitar que se incluyan reglas más estrictas.
En este nuevo pacto es necesario que las ganancias futuras se reinviertan en investigación y desarrollo y capacitación de la fuerza laboral. La estrategia industrial en muchos países aún se está configurando.
Sin condiciones contractuales que apunten a fortalecer la creación de valor para la sociedad en su conjunto, el dinero público que fluye hacia las estrategias industriales se destinará a cubrir las ganancias de las empresas y de los accionistas, dejando al sector público solo una ganancia marginal. Lograr que estas inversiones alineen los objetivos de las agendas públicas y privadas debería ser una prioridad para los gobiernos de todo el mundo.