La Administración Biden impulsa una revisión del marco regulatorio que regula las fusiones y adquisiciones corporativas en EE.UU. Evaluarlas por su impacto en los precios de bienes y servicios es un enfoque reduccionista, ya que estas empresas no viven del servicio que prestan a sus clientes, sino de la publicidad que se difunde a través de sus plataformas.
Lina Khan, quien preside la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y Jonathan Kanter Fiscal General Adjuntoa son los campeones designados por el presidente Biden para promocionar una nueva visión de la relación que debe darse entre clientes, proveedores y competidores, particularmente en el mundo de la tecnología.
Lina Khan, quien preside la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés), y Jonathan Kanter Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos encargado de los Asuntos Antimonopólicos, son dos representantes de la nueva visión regulatoria promovida por la Administración Biden.
La señora Khan ganó notoriedad en el año 2017 al publicar un ensayo en the Yale Law Journal titulado Amazon’s Antitrust Paradox, que muy rápidamente se convirtió en un referente en la gran discusión de como regular las actividades de las grandes empresas tecnológicas.
El pasado 18 de enero de 2022, los señores Khan y Kanter anunciaron su intención de rescribir los lineamientos para evaluar las solicitudes de fusiones corporativas, pues los vigentes a la fecha no reflejan las complejidades de las grandes empresas tecnológicas.
Durante muchos años se han analizado los comportamientos monopólicos de las empresas haciendo seguimiento a los precios de los bienes y servicios que estas proveen. Esta aproximación al tema regulatorio se vuelve obsoleta para aquellos modelos de negocios donde el público recibe gratuitamente los servicios de una empresa que se mantiene gracias a la publicidad que despliega en su plataforma.
La revisión de la legislación aspira regular la competencia en este sector de servicios gratuitos, poniendo particular atención a aquellas fusiones corporativas que a través de la concentración de la propiedad pudiesen afectar la aparición y consolidación de nuevos competidores.
Hubo fusiones y adquisiciones, a nivel mundial, por el orden de 5,8 billones de dólares en el año 2021. Un volumen importante de operaciones que buscan la aprobación del FTC y de la Secretaria de Justicia se ha ido acumulando durante los primeros meses de 2022.
La Administración Biden debe responder a las inquietudes de los grupos de interés que se preocupan por impactos negativos de la concentración de la propiedad en los mercados laborales, en la promoción de la innovación y los derechos de los consumidores que han hecho de estas plataformas gratuitas herramientas fundamentales en su vida cotidiana.
En el año 2021, la FTC revisó las normas vigentes en las llamadas fusiones verticales, donde una empresa adquiere a otra que forma parte de su cadena de suministros. Es importante notar que estas adquisiciones se han ido extendiendo del circuito natural de proveedores y competidores a otros sectores de actividad, donde las grandes corporaciones aspiran en un futuro expandir operaciones, por ejemplo en el mundo de los videos juegos y hasta en el metaverso.
En este nuevo contexto regulatorio, operaciones como las compras que Facebook hizo de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014 podrían ser revertidas. Así mismo, las prácticas comerciales de Apple y Amazon tan cuestionadas por clientes, competidores y proveedores podrían ser revisadas bajo una nueva óptica.
Por supuesto, los representantes de varias cámaras comerciales que hacen cabildeo en nombre las grandes corporaciones tecnológicas manifestaron su desacuerdo con la propuesta de Khan y Kantor. Sean Heather, alto ejecutivo de la Cámara de Comercio de EE.UU., sostiene que hay una percepción, que no se sostiene en evidencias robustas, que exagera el nivel de concentración propietaria en el sector tecnológico estadounidense.
Para Heather las fusiones son mecanismos vitales de la economía, y al introducir incertidumbre en su ejecución y al ralentizarlos se hace daño a los consumidores y la competitividad de los EE.UU.
Al haber tantos intereses en juego, es esperable queeste forcejeo entre reguladores y corporaciones forme parte de los frentes de batallas que se librarán en los meses previos a las elecciones legislativas de noviembre de 2022 en EE.UU. Si consideramos la posición poco obstruccionista de la Administración Trump sobre este tema, es muy fácil imaginar hacia donde fluirán las donaciones que financiarán la contienda que se acerca.