Resumen:
La nueva emisión de derechos especiales de giro que anunciará el Fondo Monetario Internacional durante el mes de junio de 2021 pone a disposición de los países miembros 650 millardos de dólares, que no son requeridos con urgencia por los países más ricos del planeta. En este momento se plantea la posibilidad de canalizar estos recursos entre los socios más pobres para paliar la destrucción que la pandemia ha causado a sus economías nacionales.
Durante el mes de junio de 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI) hará una nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) por el orden de 650 millardos de dólares, que funciona como un aporte de capital. Tal contribución sería la quinta desde 1972.
Como es bien sabido, los derechos especiales de giro son activos de reserva avalados por los países miembros del FMI, no son derechos sobre los activos del emisor, y no son exactamente un tipo de moneda, aunque están conformado por un conjunto de monedas de referencia.
En principio, dichos derechos serán asignados a los países miembros de la institución sobre la base de su participación patrimonial, por lo que los países de más altos ingresos recibirán 58 por ciento, China 6 por ciento, los países de ingresos medios 33 por cientos, y los países de bajos ingresos 3 por ciento.
La importancia de esta inyección de recursos no debe pasar desapercibida, ya que puede ser un importante puntal de la economía mundial en un contexto de recuperación de la pandemia, abriendo la posibilidad de que los grandes receptores de recursos pudieran ponerlos a disposición del FMI para montar programas de soporte económico a las naciones más empobrecidas antes y durante la pandemia.
Los países desarrollados, pueden cómodamente prescindir de estos recursos y ponerlos a disposición de FMI, del Banco Mundial y otros entes multilaterales para hacer posibles diversos tipos de programas de asistencia a los países más pobres del planeta que reúnen una población de 1.200 millones de personas.
¿A qué tipo de programas deberíamos apuntar? A aquellos que para empezar reconozcan que el 55 por ciento de los países pobres son insolventes financieramente o estas muy cerca de llegar a serlo.
Una mezcla de subsidios, préstamos muy blandos y programas de reducción de deuda son el tipo de iniciativas que pueden aplicarse en entornos de precariedad. Normalmente tales programas requieren compromisos por parte de los estados nacionales de eliminar trabas para que fluya la inversión privada, tanto la nacional como la internacional.
El FMI aspira dividir los recursos obtenidos al usar parte de la nueva emisión de los DEG en tres bloques temáticos. El primero de ellos, en un fideicomiso destinado a financiar programas de reducción de la pobreza y estímulo al crecimiento, usando como vehículos de canalización de fondos los préstamos blandos.
El segundo bloque, a programas en las áreas de transformación digital, fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y reducción del impacto del cambio climático. Probablemente estos programas tienen mayor chance de ser ejecutados en países de ingresos intermedios, pero que todavía califican para la cooperación internacional.
El tercer bloque, podría destinarse a apuntalar la base de recursos prestables por otros organismos multilaterales que tienen experticias específicas para intervenir en zonas del planeta donde han capitalizado experiencias previas.
El FMI sostiene que los países pobres podrían recuperar buena parte de la destrucción de sus economías nacionales sí cerca de 500 millardos de dólares fuesen invertidos en ellos en el próximo quinquenio.
Uno de los peligros de que estas iniciativas no prosperen se asocia a las agendas populistas de algunos grupos políticos del primer mundo, que no quieren reconocer que la pobreza endémica es la madre de todos los males.