La versión vigente de la Dodd-Frank Act fija en 250 millardos de dólares en activos el umbral a partir del cual un banco se considera grande. En la versión del 2010 dicho monto era de 50 millardos de dólares.
A finales de 2022, el SVB era el décimo sexto banco del país dentro de un universo de 4.175 instituciones que manejan en conjunto 23,6 billones de dólares en activos. Los activos del SVB representaban el 0,8 por ciento de la totalidad del sistema financiero, un poco más de 212 millardos de dólares.
El caso del SVB muestra que eltamaño de una institución bancaria no es unamedida robusta del potencial de riesgo sistemático que esta puede imprimir al sistema financiero. Un mayor blindaje del sector frente a eventos de naturaleza extraordinaria como puede ser una pandemia, una guerra o una subida extraordinaria de tasas de interés requiere una mayor capitalización de las instituciones y que los reguladores ejerzan una supervisión más continua y costosa.
Martin Wolf, el conocido columnista del Financial Times señalaba en una columna publicada a mediados de marzo que los bancos están diseñados para fallar y fallan. Esta frase sintetiza magistralmente la naturaleza de las instituciones financieras, las cuales se apoyan de manera importante en depósitos del público para captar los recursos que luego prestan.
Dado que los bancos son frágiles por diseño, la sociedad ha desarrollado marcos regulatorios para limitar el impacto de conductas inapropiadas y toma de riesgo excesivas por parte de los directores de las instituciones financieras, así como mecanismos de aseguramiento de los fondos depositados por los pequeños ahorristas, los muy conocidos Fondos de Garantías de Depósitos.
La reciente quiebra del Silicon Valley Bank (SBV) es sin duda alguna una prueba de fuego para la Dodd–Frank Act del 2010, ley financiera emitida por el Congreso de los EE.UU para dar respuesta a la Gran Crisis Financiera del 2007-2009.
La Dodd-Frank tenía entre sus premisas de diseño el identificar aquellas actividades que podían imprimir riesgo sistemático a la industria bancaria y exigir niveles de capital adicional a aquellas instituciones de gran tamaño que podían, en caso de fallar, crear un efecto domino que se llevaría por delante al resto de la economía.
Por supuesto que desde la promulgación de dicha ley, hubo un gran cabildeo para tratar de minimizar los requerimientos de la misma, ya que las exigencias adicionales de capital o los límites a la composición de activos de la banca afectaban directamente la rentabilidad de estos negocios, así como a los esquemas de remuneración de los gerentes de las corporaciones financieras.
Los bancos regionales, entre los cuales tenemos al SBV, argumentaban que no tenían un tamaño lo suficientemente grande como para poner en peligro al sistema financiero en caso de una quiebra y que por ello no se les debía imponer el mismo nivel de capitalización y exigencias de reporte de las grandes instituciones de la industria. En algún sentido la “dimensión regional” parecía actuar como una especie de cortafuego que impediría la propagación del riesgo.
El cabildeo de los bancos de mediano tamaño consiguió que en el año 2018 el Congreso de los EE.UU. los eximiese de tomar las llamadas “pruebas de esfuerzo” (Stress Test), que de haber sido aplicadas al SVB hubiesen mostrado lo vulnerable que era su portafolio de bonos a las subida de las tasas de interés.
La versión vigente de la Dodd-Frank Act fija en 250 millardos de dólares en activos el umbral a partir del cual un banco se considera grande. En la versión del 2010 dicho monto era de 50 millardos de dólares.
A finales de 2022, el SVB era el décimo sexto banco del país dentro de un universo de 4.175 instituciones que manejan en conjunto 23,6 billones de dólares en activos. Los activos del SVB representaban el 0,8 por ciento de la totalidad del sistema financiero, un poco más de 212 millardos de dólares.
El caso del SVB muestra que el tamaño de una institución bancaria no es una medida robusta del potencial de riesgo sistemático que esta puede imprimir al sistema financiero. Un mayor blindaje del sector frente a eventos de naturaleza extraordinaria como puede ser una pandemia, una guerra o una subida extraordinaria de tasas de interés requiere una mayor capitalización de las instituciones y que los reguladores ejerzan una supervisión más continua y costosa.
La cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos estadounidense (FDIC, por sus siglas en inglés) es de 250 mil dólares por cuenta, y obviamente es poco lo que ayuda en situaciones donde el grueso de los depósitos pertenecen a corporaciones, 95 por ciento en el caso de SVB.
La hipótesis de diseño de los fondos de garantías de depósito es que las corporaciones tienen mayores capacidades que los individuos al momento de evaluar el riesgo de insolvencia de los bancos en los que colocan su capital de trabajo y que por tanto tales recursos no deben estar asegurados. El caso del SVB muestra que este supuesto tal vez es muy optimista.
Asegurar toda la base de depósitos de un banco es económicamente impensable, por lo que cada vez que se presentan eventos en que se requiere proteger los depósitos de clientes sofisticados, se reactiva la discusión sobre los cambios que requiere el modelo de negocios de los bancos comerciales para minimizar el uso de dinero del público y de las empresas.
En un extremo se plantea que los bancos centrales abran cuentas corrientes para el público en general evitándose el problema de las quiebras bancarias, pero si este fuese el caso, ¿Quién fondearía las actividades crediticias y otros servicios que tradicionalmente ha prestado la banca comercial desde que en 1406 se fundara en Génova el Banco di San Georgio?
La quiebra de SVB también muestra que las corridas bancarias en la era digital se producen a tal velocidad que dejan sin margen de maniobra a las instituciones financieras, lo que obliga a los entes reguladores a generar mecanismos ad hoc para proveer liquidez a los bancos, tratando así de minimizar los efectos negativos sobre los actores económicos.
El problema subyacente es que el auxilio de los depositantes siempre genera costo para los contribuyentes, y eso es lo que en EE.UU. se ha tratado de evitar con la promulgación de la Dodd- Frank Act.
Esperemos que los problemas recientes de los bancos medianos estadounidenses y algunos bancos europeos no sean el germen de un problema mayor. De las crisis siempre se aprende, y por ahora podemos concluir que para los ejecutivos bancarios el tamaño sí importa.